La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) apuntó que «la democracia no es solo escuchar, sino más bien atender demandas», luego de que se reingresara una indicación sobre el espacio radioeléctrico en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico de la Convención Constitucional.

«Como activos representantes del mundo social hemos participado de diversas instancias de diálogo con los constituyentes para plantear nuestra perspectiva técnica relacionada con los apartados que regularían nuestra actividad. Agradecemos que se haya ejecutado el ejercicio democrático del diálogo, pero la democracia no es solo escuchar, sino más bien atender demandas», dijo la gremial.

Archi recordó que «en repetidas instancias advirtió que las propuestas sobre el espectro radioeléctrico, tal como se plantearon en la Comisión #7, dejaban más dudas que certezas sobre el desarrollo de nuestro trabajo».

«Con nuestros argumentos en mesa, la comisión presentó de igual forma al pleno su propuesta, pero los apartados referentes a la actividad radioeléctrica fueron rechazados. Bajo ningún punto de vista Archi celebra este revés de la Comisión #7, todo lo contrario, creemos profundamente que se perdió una instancia de diálogo mal atendido, en la que pudimos haber propuesto a la nación una mejor regulación a nuestra actividad en pro de las audiencias», agregaron las radios chilenas.

Sin embargo, «hoy nuevamente vemos en peligro el libre desarrollo de nuestra actividad y esta vez porque la propuesta ya rechazada de la comisión mencionada, ahora apareció en la Comisión #5. El espectro radioeléctrico es propiedad del Estado, nunca hemos dudado de ello. Pero las propuestas presentadas no dan certeza jurídica sobre la titularidad de las concesiones y al no tenerlas, el futuro es incierto para cada radiodifusor».

«Las radios de Chile han sido siempre un espacio abierto para la sociedad donde todos participan sin distinción. Esa participación es la que esperamos también se replique en los organismos públicos y que las discusiones sean abiertas y no concepciones personales sin fundamentación técnica, debemos dar certezas jurídicas a todos quienes conformamos este país», concluyó la organización.

La reacción de Archi se da luego de que el convencional Francisco Caamaño, ex Lista del Pueblo, sumara una indicación que indica: «El espectro radioeléctrico es un bien común natural inapropiable. Es deber del Estado evitar la concentración en la distribución en su uso».

La Contraloría, a través de un comunicado en sus redes sociales, informó una resolución que tiene que ver directamente con el bolsillo de los chilenos: El gas.

La entidad sentenció que «las Municipalidades no pueden vender o distribuir gas a sus vecinos sin una ley que los autorice».

En todo caso, aclara que «no se advierte inconveniente en que la entrega de ese producto se realice al amparo de un programa de asistencia social, de conformidad con las reglas generales».

En un comienzo, la Contraloría contextualizó, afirmando que «se han dirigido a esta Contraloría General las Municipalidades de Calera de Tango, Paine, Buin e Isla de Maipo, solicitando un pronunciamiento respecto de la procedencia de que dichas entidades comunales puedan expender gas licuado, como un modo de atender las necesidades de la comunidad local, sin perseguir fines de lucro».

Al mismo tiempo, indicó que «consultan si en cumplimiento de su deber de asistencia social, es posible financiar a sus vecinos parte del valor del gas que estos adquieran a los distribuidores establecidos, previa elaboración de un programa asistencial a cuyo cargo se imputará dicho gasto y de la evaluación de las necesidades de los beneficiarios que cumplan los requisitos».

En cuanto al primer punto, la entidad se pronunció y aclaró que «no obstante la delicada situación planteada por las entidades edilicias respecto del alza de los combustibles, estas solo podrían vender y/o distribuir gas a sus vecinos en la medida que el legislador las autorice expresamente, lo que no acontece en la especie».

Sin embargo, destacó que «los órganos comunales se encuentran habilitados para desarrollar funciones relacionadas con la asistencia social, para lo cual… pueden, en lo que interesa, entregar ayuda a personas en estado de necesidad manifiesta».