Luego de una maratónica jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, el Congreso despachó este jueves por la noche el proyecto de ley presentado por el Gobierno para permitir el segundo retiro anticipado del 10 por ciento de los fondos de pensiones, con miras a permitir el giro de fondos antes de Navidad.

La iniciativa, que entró a hacerle competencia a una propuesta de parlamentarios de la oposición, fue aprobada en tercer trámite por la Cámara Alta con el voto a favor de 41 senadores y una abstención (Felipe Kast, de Evópoli), finalizando su curso parlamentario y quedando lista para su promulgación como ley por el Presidente Sebastián Piñera.

¿CÓMO QUEDÓ LA LEY?

Excepcionalmente y, en el contexto de la crisis sanitaria producida con ocasión del Covid-19, el proyecto aprobado hoy autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones realizar, de forma voluntaria, un retiro por hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

El retiro no podrá exceder de 150 UF (2,9 millones de pesos), ni ser inferior a 35 UF (1 millón de pesos), en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores a lo recién mencionado, el cotizante podrá retirar la totalidad de los recursos de dicha cuenta.

Para efectos de ejercer el derecho establecido en la presente ley, se considerará como afiliado a toda persona que pertenezca al sistema privado de pensiones, incluidas aquellas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia.

Estarán impedidos de solicitar el retiro las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República y que afecta a las altas autoridades, como el Presidente, ministros, subsecretarios y parlamentarios, entre otros.

No pagarán impuestos por este retiro las personas con una renta imponible de 30 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a una renta imponible de 1,5 millones mensuales de pesos (renta imponible corresponde al monto sobre el cual se calculan los cobros de impuestos y cotizaciones previsionales y de salud).

La entrega de los fondos acumulados y autorizados de retirar se efectuará de la siguiente manera: la mitad en un plazo máximo de 10 días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva AFP y el 50 por ciento restante en un máximo de 10 días hábiles a contar del desembolso anterior.

Si el monto solicitado de retiro es igual o inferior a 35 UF se deberá pagar en su totalidad en un plazo no superior a 10 días hábiles.

Un importante paso dio este jueves la contrapropuesta del Gobierno para el retiro de ahorros previsionales: fue aprobado, por amplia mayoría, por el Senado, en su primer trámite legislativo.

El proyecto de ley, que sufrió importantes modificaciones, obtuvo 35 votos a favor -al menos 15 de la oposición-, y solo uno en contra y cinco abstenciones.

Ante de su votación en Sala, en su paso por las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo la iniciativa fue modificada en casi todos sus puntos, quedando muy diferente a lo originalmente propuesto por La Moneda y resultando lo más parecido al primer retiro.

En ese trámite se eliminó el reintegro obligatorio y también quedó sin las exclusiones que establecía para quienes podían retirar fondos, dejándolo universal.

Asimismo, se aumentó el máximo a extraer, de 100 a 150 UF -como el primer retiro-, y se redujeron los plazos para el pago en dos cuotas: de 60 días hábiles para la primera y 10 días para el segundo, se disminuyó a 15 días hábiles para la primera y el mismo plazo para la segunda.

VOTACIONES SEPARADAS SIN FRUTO

Luego se dio paso a otras votaciones sobre el proyecto, luego de que senadores pidieran analizar por separado otros puntos.

Uno de ellos era respecto a una indicación del senador Carlos Bianchi, que buscaba dejar el pago en una sola cuota, sin embargo, luego decidió quitar su petición. De esa forma, el proyecto quedó con las dos cuotas propuestas por el Gobierno.

Otra votación pendiente era una indicación de los senadores Bianchi, Adriana Muñoz (PPD) y Yasna Provoste (DC), que aboga por eximir del pago de impuestos por el retiro de fondos. Sin embargo, fue declarada inadmisible puesto que las modificaciones en materia tributaria son facultad del Ejecutivo.

Así las cosas, la iniciativa del Ejecutivo fue despachada a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite.

LA DISCUSIÓN POR LOS IMPUESTOS

El primer retiro eximió de impuestos a todos quienes retiraran, mientras que en su proyecto, el Gobierno no exime a nadie de quienes, según la ley, deben tributar según su nivel de ingresos: actualmente, aquellos con rentas desde 700 mil pesos, aproximadamente.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, sostuvo que «una persona que tiene un sueldo de 6 millones de pesos y retira el máximo, que son 4,3 millones, pagará 1,5 millones de impuestos, y vamos a evitar que el Estado le entregue una franquicia tributarria de otro 1,5 millones más si lo inivirtiera en un APV. Esto es sumamente relevante y no se le ha tomado el peso».

A su vez, el titular de Hacienda, Ignacio Briones, expuso que «una persona que gana 1,5 millones de pesos, y retira un millón, va a pagar aproximadamente un impuesto equivalente a 3.300 pesos mensuales por un año, 40 mil pesos anuales. Yo pregunto si eso de verdad es un super impuesto».

Además, afirmó que «una persona que gane 1,5 millones de pesos, nos guste o no, está en el 10 por ciento de mayores ingresos de nuestro país; no es el más rico, pero está en la posición 90, y la persona más rica es la que está en el 100″.

Fustigó la posición del Ejecutivo la senadora Provoste, una de las que impulsó la fallida indicación para eximir de impuestos al retiro de fondos. A fin de cuentas, pareció ser una forma de llamar al Gobierno para que modifique su iniciativa y exima de tributos a quienes ganen menos.

Asimismo, acusó «doble estándar de este Gobierno, y en particular, del ministro de Hacienda, porque bajo su repartición está el Servicio de Impuestos Internos, y que hoy vengan a poner la atención en los bajos ingresos y a decir que ‘esto es un regalo’, como alguien dijo por ahí, no señores, el regalo se lo están haciendo a las grandes empresas, a Penta, a Ponce Lerou, a Jonhson, a Pascua Lama».

El hasta hoy intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, confirmó su renuncia al cargo a fin de cumplir con el plazo que lo libera de inhabilidades para poder postularse a diputado en un año más.

Giacaman indicó que «es una decisión bien conversada con mi familia, que tiene que ver con que el 21 de octubre del año pasado decidí no ser candidato a gobernador regional en el momento más difícil de la región, decidí quedarme para ser intendente, y creo que ese ciclo termina el 25 de octubre con el plebiscito de amplia participación».

Adujo también que «yo tengo anhelos personales asociados a que el próximo año se cumplen 20 años desde que falleció mi mamá y quiero poder reconocerla a través de la organización de una fundación que haga lo que ella hacía en los sectores vulnerables que era fortalecer el liderazgo de las mujeres».

«La fecha no es coincidente, sería un despropósito afirmar eso, pero yo me pongo a disposición, la decisión de la candidatura no es algo solamente mía, sino que también de mi familia y de mi partido que es la UDI», añadió.

El Gobierno dispuso que en su reemplazo asume el ex alcalde de Concepción, ex consejero regional y hasta hoy presidente regional de la UDI, Patricio Kuhn.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), informó este jueves que recibió cinco ofertas de distintas empresas -Entel, Claro, Movistar, WOM, y Borealnet- en el marco del concurso público de espectro para el desarrollo de redes 5G, proceso que comenzó el pasado 12 de noviembre.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, se trata de la cantidad más alta de oferentes que han participado de un concurso público de espectro en el país, luego que en 2009 para la licitación de la banda AWS llegaron dos compañías (Nextel y VTR) y en el proceso de 2013 para la licitación de las bandas de 700 MHz y 2.600 MHz, participaron tres (Entel, Movistar y Claro).

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, dijo que la cantidad de participantes demuestra «el interés de las empresas por seguir invirtiendo en Chile, por seguir desarrollando el mercado de las telecomunicaciones. Esperamos que esta competencia empuje beneficios para los usuarios finales».

Cristián Salgado, director de Legal y Regulatorio de Claro Chile, afirmó a Cooperativa que «la tecnología debe llegar a todas las personas, empresas e industrias con el fin de potenciar el desarrollo digital del país. Por ello, participamos en la licitación del 5G y esperamos que se desarrolle adecuadamente, de manera fluida y sin mayores contratiempos».

El concurso público para el desarrollo de redes 5G también considera contraprestaciones sociales, incluyendo la obligación de conectar a 366 localidades a lo largo de Chile con la tecnología 4G de máxima velocidad y capacidad en la banda de 700 MHz, contribuyendo a reducir la brecha digital.

La resolución del concurso se anunciará en febrero de 2021. 

La oposición en bloque e incluso algunos parlamentarios oficialistas alzaron la voz este miércoles para pedir la salida del general director de Carabineros, Mario Rozas, tras el incidente en el que funcionarios de la institución dispararon contra niños residentes de un hogar colaborador del Sename en Talcahuano.

El incidente volvió a poner en tela de juicio a Rozas, que lleva más de un año envuelto en polémica por su gestión durante las protestas que han tenido lugar en Chile desde el 18 de octubre de 2019, enmarcadas en el estallido social, con señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de organismos como la ONU o Amnistía Internacional.

Desde la DC, la diputada por la Región del Biobío y vicepresidenta del partido, Joanna Pérez, señaló en un comunicado que «no podemos seguir permitiendo estos abusos de carabineros, agentes del estado que ingresan a un hogar que está protegido y a cargo del Sename. Lo ocurrido es de toda gravedad, exigimos la renuncia del general de Carabineros».

Su correligionario, el diputado Gabriel Silber, subjefe de la bancada, manifestó que «frente al uso de armas de fuego, por parte de Carabineros, contra menores que se supone deben estar protegidos por el estado de Chile, no cabe otra cosa que insistir en lo que hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo frente a los permanentes abusos y violaciones de DDHH: que el general Rozas deje su cargo, es indefendible su permanencia al mando de la institución. Necesitamos otra policía».