• Ex trabajadores de mina Santa Ana acusan falta de voluntad para darle continuidad a faena.

    Ex trabajadores de mina Santa Ana acusan falta de voluntad para darle continuidad a faena.

    Ex trabajadores de la Mina Santa Ana, propiedad de S.W. Curanilahue S.A., acusan que no existe la voluntad política para dar continuidad a la faena, declarada en quiebra poco después del conflicto. Proponen que el Estado financie la reactivación del yacimiento, y que sean ellos mismos los nuevos propietarios y administradores de esta empresa.

    A seis meses del conflicto en la Mina Santa Ana y que produjo la quiebra del yacimiento propiedad de SW Curanilahue S.A., los 184 empleados que quedaron sin trabajo y que hoy son sustentados por el Estado a través de cursos con manutención y ayuda social, se reunieron con el mediador del conflicto, el arzobispo de Concepción Fernando Chomalí.

    En esta instancia le manifestaron su preocupación, asegurando que el Gobierno no ha cumplido con el protocolo de acuerdo – sobre todo en el punto de la continuidad de la faena – por “falta de voluntad” y solicitaron una audiencia con el ministro del Interior, Jorge Burgos.

    Luis Chandía, presidente del Sindicato de los ex Trabajadores de la Mina Santa Ana, aseguró que el Gobierno Regional no tiene la voluntad de darle continuidad a la faena, por lo tanto, proponen ser ellos quienes se hagan cargo de la mina, eso sí, con dineros aportados por el Estado.

    A esta reunión también asistió el senador Alejandro Navarro, quien respaldó la propuesta de los trabajadores; sin embargo, apostó por un sistema mixto, asegurando que este problema no lo va a resolver el Gobierno Regional.

    Mientras tanto, el intendente del Bío Bío Rodrigo Díaz informó que se han entregado casi 30 millones en ayuda social, que consiste en pagar cuentas de luz, agua, arriendo, universidades y canastas familiares, además de la entrega de 19 pensiones de gracia y la manutención de 400 mil pesos mensuales por trabajador.

    Respecto a la continuidad de la faena el Protocolo de Acuerdo dice que el Gobierno prestará “asesoría técnica y legal (…) para definir la alternativa mas viable y sustentable para dar continuidad laboral”. Rodrigo Díaz aseguró que lo que proponen los mineros, es ilegal.

    A esta reunión asistió también Pascual Sagredo, Presidente del Sindicato de Trabajadores Forestales y representante de los mineros.

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